Las instituciones baleares han intensificado la vigilancia en los viveros para cortar la llegada de serpientes invasoras que ponen en jaque a las lagartijas endémicas del archipiélago. A lo largo de 2025, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha desplegado una campaña de control específica que se ha traducido en numerosas inspecciones y en la apertura de varios expedientes sancionadores.
El foco de estas actuaciones se sitúa en los viveros y centros de jardinería que manejan olivos y otros árboles ornamentales de gran tamaño, considerados una de las principales vías de entrada accidental de ofidios a las islas. La preocupación ecológica es elevada, ya que la expansión de estas serpientes amenaza seriamente la continuidad de especies tan emblemáticas como la lagartija pitiusa y la lagartija balear.
94 inspecciones y 21 actas para proteger a las lagartijas autóctonas
Durante el año 2025, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural realizó 94 inspecciones en viveros de las Illes Balears para verificar el cumplimiento de la normativa que busca proteger a las lagartijas autóctonas y frenar la expansión de serpientes invasoras. Estas visitas se llevaron a cabo en el marco de una campaña específica impulsada por el Servicio de Agentes de Medio Ambiente.
La mayor parte de las comprobaciones se desarrollaron entre los meses de julio y septiembre, periodo en el que se concentra buena parte de la actividad de importación y venta de árboles ornamentales. Los controles se priorizaron en viveros con una elevada presencia de olivos, dado que estos ejemplares, especialmente cuando son de gran porte, pueden llegar acompañados de ofidios ocultos entre las raíces o el cepellón.
Como resultado del dispositivo, los agentes levantaron 21 actas por incumplimiento de la normativa, lo que ha dado lugar a la apertura de cuatro expedientes sancionadores. Según la información de la Conselleria, las multas previstas para estas infracciones se sitúan en una horquilla que va de los 100 a los 2.000 euros, en función de la gravedad y de las circunstancias de cada caso.
El conseller del ramo, Joan Simonet, ha defendido que estas actuaciones demuestran el compromiso del Govern con la biodiversidad balear y con la lucha contra las especies invasoras, a las que considera uno de los peligros más serios para la fauna única del archipiélago. El Ejecutivo autonómico insiste en que el objetivo no es solo sancionar, sino también reforzar la prevención en toda la cadena de importación y comercialización.
Al mismo tiempo, la campaña de inspecciones ha permitido evaluar cómo se está aplicando en el terreno el Decreto ley 1/2023, la norma que fija medidas extraordinarias y urgentes para la protección de la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis) y la lagartija balear (Podarcis lilfordi), ambas muy vulnerables a la depredación por parte de serpientes no autóctonas.
El Decreto ley 1/2023: blindar la entrada de árboles ornamentales
El núcleo de la estrategia balear frente a las serpientes invasoras es el control estricto de la importación de árboles ornamentales de gran tamaño, como olivos, algarrobos y encinas. La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha subrayado que el traslado de estos ejemplares se ha identificado como una de las principales vías de entrada accidental de colúbridos en las islas.
El decreto establece que la llegada de estos árboles a las Illes Balears solo está permitida por vía portuaria y dentro de ventanas temporales muy concretas: entre el 1 de abril y el 15 de junio, y del 15 de septiembre al 15 de octubre. Con ello se busca concentrar los esfuerzos de supervisión en periodos acotados, facilitando tanto los controles administrativos como las inspecciones físicas sobre el terreno.
Fuera de esos intervalos, cualquier importación de árboles de gran porte requiere una autorización excepcional de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal. Si los agentes detectan mercancía que llega sin permiso o fuera de plazo, los ejemplares no pueden abandonar el recinto portuario hasta que el importador tome una decisión sobre su destino final.
En estos supuestos, la normativa otorga un plazo de 48 horas al operador afectado para elegir entre devolver la mercancía al puerto de origen o gestionar su destrucción. Esta medida, que puede parecer drástica, persigue reducir al mínimo el riesgo de que una sola partida de árboles se convierta en el vehículo que introduzca nuevas poblaciones de serpientes invasoras en el medio natural.
Según ha explicado la administración autonómica, el objetivo es que el sector de la jardinería y el comercio de plantas asuma que el coste de incumplir los plazos o de actuar sin las autorizaciones necesarias puede ser elevado, no solo por las sanciones económicas, sino también por la pérdida total de la mercancía comprometida en la operación.
Trampas obligatorias y medidas de prevención en viveros
Además de regular la importación, el Decreto ley 1/2023 impone una serie de obligaciones preventivas a viveros, comercios y particulares que comercialicen o almacenen árboles ornamentales de gran tamaño. Entre ellas, destaca la instalación de trampas de captura de serpientes o de sistemas equivalentes disuasorios y de control.
Estas trampas deben mantenerse operativas, como mínimo, entre el 1 de abril y el 30 de octubre, coincidiendo con los meses de mayor actividad de estos reptiles y con gran parte del movimiento de ejemplares ornamentales. La norma fija una densidad mínima de una trampa por cada 20 árboles o por cada 500 metros cuadrados de superficie, con el fin de garantizar una cobertura adecuada.
Los agentes ambientales comprueban durante las visitas que los establecimientos disponen del número suficiente de trampas, su correcta ubicación y su mantenimiento. También revisan la documentación relativa a la procedencia de los árboles y a las fechas de entrada en las islas, aspectos clave para detectar posibles incumplimientos.
El sector de la jardinería se ha visto obligado a adaptar sus instalaciones y rutinas de trabajo para cumplir con estas exigencias, que suponen un cambio notable en la gestión del riesgo asociado a las especies invasoras. Algunas empresas han manifestado que el esfuerzo económico y logístico es considerable, aunque desde la Administración se insiste en que se trata de una inversión necesaria para preservar el patrimonio natural balear.
En paralelo, se están llevando a cabo acciones de información y asesoramiento para que los responsables de viveros y comercios comprendan mejor su papel en la prevención de la expansión de serpientes y sepan cómo actuar si detectan ejemplares sospechosos en sus instalaciones.
Multas, debate social y riesgo para la biodiversidad balear
El régimen sancionador previsto por el decreto fija multas de entre 100 y 2.000 euros para los incumplimientos detectados en los controles. Tras las 94 inspecciones y la tramitación de las 21 actas levantadas, se han iniciado cuatro expedientes que pueden derivar en sanciones dentro de esa horquilla económica.
Sin embargo, distintos actores del ámbito ambiental y del propio sector consideran que estas cuantías pueden resultar poco disuasorias si se comparan con el impacto ecológico que supone la introducción de serpientes invasoras. El daño a las poblaciones de lagartijas endémicas, especialmente en Ibiza y Formentera, se percibe ya como difícilmente reversible en algunas zonas.
En la práctica, una sola partida de árboles que llegue acompañada de unos pocos ofidios puede desencadenar, con el tiempo, la expansión de una población invasora que se alimenta de lagartijas que nunca habían tenido depredadores similares. La lagartija pitiusa, en particular, carece de mecanismos de defensa frente a estos nuevos enemigos, lo que ha llevado a algunos expertos a advertir de un posible «vaciamiento» biológico en áreas donde las serpientes se han establecido.
El Govern balear defiende que las inspecciones, las sanciones y las obligaciones preventivas en viveros forman parte de una estrategia de lucha decidida contra las especies invasoras, aunque reconoce que la eficacia de las medidas debe evaluarse de forma continua. Mientras tanto, la presión social y la preocupación científica se mantienen altas, especialmente en las Pitiusas, donde la lagartija es un símbolo muy arraigado.
Con todo este dispositivo, las instituciones autonómicas intentan equilibrar la actividad económica vinculada a la jardinería y al comercio de árboles ornamentales con la necesidad urgente de proteger la fauna autóctona. Las 94 inspecciones realizadas, las 21 actas levantadas y las restricciones a la importación reflejan un intento de cerrar al máximo la puerta de entrada a las serpientes invasoras, en un contexto en el que cada olivo, cada contenedor y cada vivero pueden marcar la diferencia entre conservar o perder definitivamente algunas de las especies más representativas de Baleares.
