El avance del picudo rojo sigue dejando huella en alineaciones de palmeras y jardines privados, obligando a administraciones y propietarios a intensificar las tareas de control para evitar riesgos y pérdidas en el arbolado urbano.
En distintos puntos de España y Uruguay se combinan trasplantes, retiradas, tratamientos e innovación tecnológica, con normativas y protocolos específicos para reducir la propagación de este coleóptero que afecta especialmente a la palmera canaria (Phoenix canariensis) y ya ha dado el salto a otras especies.
España: obras, vigilancia y obligaciones para evitar la expansión
Alhama de Murcia está trasplantando 35 palmeras procedentes de la estación depuradora, reubicándolas en las avenidas Ginés Campos y Antonio Fuertes para recuperar la imagen de la vía principal, donde en los últimos años se retiraron hasta 60 ejemplares por la plaga. La operación cuenta con un presupuesto municipal de 37.000 euros, incluyendo suministro y aprovechamiento de árboles de otras zonas.
Los trabajos se organizan en tres fases y conllevan cortes parciales de carriles; los ejemplares han pasado por un periodo de adaptación para reforzar sus raíces y aumentar las garantías del trasplante, una medida clave cuando se interviene en palmeras de gran porte en entornos urbanos.
Para frenar la dispersión, el Ayuntamiento está instalando trampas de control en estas Phoenix canariensis, una de las variedades más atractivas para el insecto. Estas actuaciones buscan estabilizar poblaciones y evitar rebrotes en alineaciones muy expuestas.
En Granada, vecinos de Casería de Montijo han remitido una fotodenuncia por la afección de una palmera del barrio, pidiendo una intervención municipal ágil. La alerta ciudadana vuelve a poner el foco en la detección temprana en zonas residenciales.
En Tenerife, cualquier intervención sobre palmera canaria requiere autorización previa del Cabildo y debe ejecutarse por empresas acreditadas que apliquen técnicas correctas y protocolos fitosanitarios. La tramitación es obligatoria incluso para podas rutinarias en propiedades privadas.
Los costes también pesan: una poda estándar ronda los 200 euros, pero la gestión de los residuos —por el riesgo de diseminación del picudo— puede elevarse a 400-500 euros por intervención. Con dos o tres podas anuales, muchos propietarios asumen alrededor de 1.500 euros al año, ya que los restos deben trasladarse a centros autorizados y no pueden desecharse como un residuo verde convencional.
A ello se suma que no se puede talar ni trasladar una palmera sin permiso; donar un ejemplar o moverlo exige autorización y asumir el coste de la operación. Si la palmera muere, las autoridades pueden abrir una investigación sobre la causa, y los trasplantes también requieren visto bueno administrativo, reflejando la importancia cultural y ecológica de la especie en las islas.
Uruguay: respuesta institucional, tecnología y retirada de ejemplares
Detectado en 2022 en Canelones, el picudo rojo se extendió a Montevideo. Aunque su hospedante principal es la palmera canaria, también se han visto afectadas especies como Butiá (Butia odorata) y Pindó (Syagrus romanzoffiana). Su carácter silencioso y la elevada capacidad de reproducción complican el control.
La capital contabiliza unas 31.000 palmeras, de las cuales 22.000 están en predios privados. Desde 2022 se retiraron 500 y se trataron 2.000; ahora se estima que hay unas 800 públicas para retirar y se prevé alcanzar 600 bajas antes de fin de año en Bulevar Artigas, Juan Carlos Blanco, Rambla, Parque Rodó, Parque Batlle y Prado. Parte de los estípites se trituran para reutilizar la biomasa en compostaje, y se anticipa continuidad en 2026.
El plan incluye relevamiento por observación y georreferenciación, y se proyecta aplicar inteligencia artificial con imágenes aéreas para identificar ejemplares comprometidos. El objetivo no es una erradicación total —poco realista— sino reducir la presencia y actuar con rapidez cuando aparezcan síntomas, ya que en muchos casos el daño es irreversible al detectarse.
Con gran parte del arbolado en manos privadas, la intendencia habilitó el 092 250 260 para que la ciudadanía reporte palmeras afectadas y reciba recomendaciones técnicas, además del listado de empresas autorizadas. El MGAP mantiene un protocolo de retirada que busca evitar nuevos focos durante las labores.
En Canelones, estudiantes de la Escuela Rural Nº 98 El Tigre de Tala desarrollaron un dispositivo detector con micrófono de contacto que reconoce la actividad del insecto y activa una alarma visual, una solución nacida tras la pérdida de varias palmeras del centro educativo.
El gobierno departamental informa que inoculó 1.000 palmeras con un 80% de supervivencia y prevé inocular 1.000 más. Invierte aproximadamente $ 4.700.000 anuales en procesos de endoterapia semestrales y seguimiento mediante georreferenciación. Los primeros focos se detectaron en la Quinta Capurro de Santa Lucía, principalmente en Phoenix canariensis.
La combinación de obras de trasplante, podas reguladas, retiradas masivas, tratamientos preventivos y soluciones tecnológicas evidencia que la lucha contra el picudo rojo requiere coordinación institucional, recursos sostenidos y la implicación de los vecinos para proteger un patrimonio paisajístico que trasciende fronteras.
