La remolacha azucarera de Castilla y León encara una campaña 2026 marcada por la incertidumbre. La posible prohibición en la Unión Europea del fungicida Univoq, considerado por buena parte del sector como la única herramienta realmente eficaz para frenar la cercospora, ha encendido todas las alarmas entre los agricultores de la comunidad.
La preocupación no es menor: la cercospora (Cercospora beticola), conocida popularmente como “viruela” en muchas zonas productoras, se ha convertido en la enfermedad foliar más destructiva para este cultivo. Organizaciones agrarias, especialmente UPA Castilla y León, avisan de que, sin soluciones efectivas, el riesgo de perder cosechas completas es muy real y podría comprometer la sostenibilidad de uno de los pilares agrícolas de la región.
Castilla y León, región clave de la remolacha azucarera
Castilla y León es la zona líder en producción de remolacha azucarera en España, al concentrar más del 70 % de la superficie nacional dedicada a este cultivo. León encabeza la lista con unas 10.400 hectáreas sembradas, seguida de áreas remolacheras repartidas por Palencia, Salamanca y Valladolid, donde los rendimientos rondan las 100 toneladas por hectárea en regadío en campañas favorables.
La siembra se realiza, por lo general, entre marzo y mayo, aprovechando temperaturas de suelo entre 10 ºC y 24 ºC, justo el periodo en el que los agricultores están ahora plenamente volcados en el campo. El ciclo hasta la cosecha suele durar entre tres y cuatro meses en las remolachas más tempranas, pudiendo alargarse el engrose de la raíz según la zona y las condiciones climáticas.
De cara a la campaña de 2026, el sector afronta un momento estratégico, marcado por la flexibilidad de las nuevas ayudas de la PAC y por la ampliación del Plan de Desarrollo Rural (PDR). Sobre el papel, el contexto de apoyo comunitario es favorable, pero el problema de la cercospora y las restricciones fitosanitarias amenazan con desbaratar parte de ese potencial.
Qué es la cercospora y por qué preocupa tanto
La cercospora en la remolacha, causada por el hongo Cercospora beticola, es una enfermedad foliar que ataca directamente a las hojas, reduciendo de forma drástica la capacidad de la planta para producir azúcar. En Castilla y León se la conoce comúnmente como “viruela” y está catalogada por el sector como la enfermedad más peligrosa para este cultivo.
El patógeno se desarrolla de forma progresiva, colonizando los tejidos foliares y expandiéndose con rapidez cuando se combinan altas humedades relativas y temperaturas templadas. Suele activarse con valores de entre 25 ºC y 30 ºC y humedades por encima del 95 %, condiciones no tan raras en finales de verano y principios de otoño en las principales comarcas remolacheras.
En las hojas aparecen manchas circulares de tonos grises o marrones, con frecuencia rodeadas de un halo rojizo o violáceo. A medida que la infección avanza, estas lesiones se van uniendo hasta provocar el secado completo de la hoja, que acaba muriendo. Cuando los ataques son severos, la planta pierde gran parte del follaje de forma prematura, con consecuencias directas sobre el rendimiento y la calidad de la raíz.
La agresividad de las nuevas cepas ha elevado la presión sanitaria en las explotaciones. Desde el ámbito técnico se insiste en que el manejo debe centrarse en una respuesta rápida y coordinada una vez se detectan los primeros síntomas, combinando tratamientos fungicidas y buenas prácticas agronómicas para intentar frenar el avance del hongo.
Recomendaciones técnicas frente a la enfermedad
En los últimos años, empresas del sector y servicios técnicos han ido afinando una serie de pautas para intentar mantener a raya la cercospora en remolacha. Aunque ninguna receta es infalible, existe cierto consenso en una batería de medidas que se consideran básicas para un manejo integrado de la enfermedad.
Una de las recomendaciones más repetidas es iniciar el primer tratamiento fungicida en cuanto se observan síntomas en alrededor del 5 % de las hojas, es decir, cuando de cada 100 hojas muestreadas de forma aleatoria se aprecian manchas en cinco de ellas. La idea es no esperar a que el hongo avance demasiado, ya que a partir de cierto umbral de infección el control se vuelve mucho más complicado.
Se señala además un periodo de vigilancia máxima entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre, coincidiendo con semanas de temperaturas suaves y alta humedad en amplias zonas de regadío. En esas fechas se recomienda intensificar los muestreos de campo y ajustar los calendarios de tratamiento en función de la presencia de síntomas y de las previsiones meteorológicas.
Otra pauta importante es la alternancia de materias activas fungicidas. Desde el ámbito técnico se viene priorizando el uso de triazoles sobre las estrobilurinas para reducir el riesgo de que el hongo desarrolle resistencias. Repetir siempre los mismos productos favorece la selección de cepas resistentes, un problema que ya empieza a detectarse en diferentes zonas remolacheras.
Las recomendaciones se completan con medidas agronómicas, como evitar repetir remolacha en la misma parcela en ciclos inferiores a 4-5 años, realizar labranzas profundas que entierren bien los restos de cosecha donde el hongo puede invernar y gestionar el riego por aspersión de forma que las hojas no permanezcan mojadas durante periodos prolongados. Por ejemplo, se aconseja regar en las horas centrales del día para facilitar un secado más rápido del follaje.
Univoq, en el centro del debate fitosanitario
En paralelo a las recomendaciones agronómicas, toda la atención del sector está puesta en el futuro de Univoq, un fungicida que UPA Castilla y León y otros actores del campo describen como la única herramienta realmente eficaz, a día de hoy, para controlar la cercospora en remolacha. Este producto ya fue autorizado de forma excepcional en la campaña 2025, con resultados que el sector considera muy positivos.
Las organizaciones agrarias subrayan que muchos de los fungicidas alternativos han perdido eficacia debido a la aparición de cepas del hongo resistentes a sus materias activas. En ese contexto, Univoq se presenta como un “medicamento para las plantas” que, gracias a su composición, permite atajar infecciones que otros productos ya no consiguen frenar con garantías.
Diferentes comunicados de UPA insisten en que existe una “evidencia constatada” de que algunos tratamientos habituales se han quedado cortos frente a la enfermedad, mientras que el uso de Univoq en la campaña anterior ayudó a mantener los campos de remolacha en un estado sanitario aceptable. Para la organización, se trata de la “única herramienta útil” frente a una plaga capaz de “devastar el cultivo entero”.
La controversia surge porque la normativa europea en materia de fitosanitarios tiende a restringir el uso de determinadas sustancias activas, priorizando criterios de seguridad ambiental y de salud pública. Esa orientación choca, según parte del sector, con la realidad de unos cultivos sometidos a una presión creciente de plagas y enfermedades, mientras el catálogo de herramientas disponibles se reduce campaña tras campaña.
La petición de UPA Castilla y León: uso de emergencia en 2026
Ante este escenario, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla y León ha trasladado a la Dirección General de Producción Agrícola de la Consejería de Agricultura su preocupación por la falta de autorización de Univoq para la campaña 2026. La organización pide que la Junta inste al Ministerio de Agricultura a solicitar una autorización excepcional o de emergencia, similar a la concedida en 2025.
UPA CyL argumenta que la comunidad, como una de las principales regiones productoras de remolacha de España, debería encabezar una petición formal a nivel nacional para que el Gobierno central, a su vez, eleve la solicitud ante las instituciones europeas. El objetivo es obtener un permiso temporal de uso en situaciones en las que no existan alternativas eficaces y el riesgo para la producción sea muy elevado.
La organización agraria considera que el escenario actual encaja de lleno en esa definición: enfermedad severa, resistencias crecientes y falta de soluciones fitosanitarias que ofrezcan garantías similares a las de Univoq. Por ello, piden “sentido común” a las administraciones para no poner límites a herramientas respaldadas por la ciencia, siempre que se apliquen bajo los protocolos establecidos.
En sus comunicados, UPA recalca que la autorización excepcional no supone “barra libre”, sino la posibilidad de usar un producto concreto en una situación que describen como “crítica” y “de riesgo tan elevado” para las explotaciones remolacheras. El mensaje que lanzan al Ejecutivo autonómico y al Ministerio es claro: sin Univoq, la campaña puede volverse muy complicada para cientos de agricultores.
Menos herramientas y enfermedades más resistentes
La discusión sobre la cercospora y Univoq se enmarca en un debate más amplio sobre la evolución de las enfermedades de los cultivos y la disponibilidad de productos fitosanitarios. Desde el campo se viene denunciando que, mientras las plagas y patologías ganan en agresividad y resistencia, el número de soluciones autorizadas para combatirlas se va reduciendo.
UPA Castilla y León advierte de que “cada vez son más las plagas y enfermedades de nuestras plantas y menos las soluciones disponibles en materia de sanidad vegetal”, lo que deja a los agricultores en una posición muy delicada. El caso de la cercospora en la remolacha es, a su juicio, un ejemplo claro de esta contradicción entre el marco regulatorio y la realidad agronómica.
La organización critica que, en ocasiones, la normativa europea ponga “cortapisas” a lo que señalan los estudios científicos en cuanto a la seguridad de determinadas tecnologías e innovaciones agrícolas. En su opinión, existe un desfase entre los requisitos regulatorios y las herramientas realmente testadas y capaces de garantizar, a la vez, la seguridad alimentaria y el mantenimiento de la producción.
Desde el lado institucional se defiende, por su parte, la necesidad de avanzar hacia una agricultura más sostenible y menos dependiente de los fitosanitarios de síntesis, favoreciendo la prevención, el manejo integrado de plagas y el uso de productos con mejor perfil ambiental. No obstante, sobre el terreno muchos productores perciben que esa transición se está realizando sin alternativas suficientes y en un contexto de cambio climático que complica aún más el control de enfermedades como la cercospora.
Impacto económico y social en el medio rural
Más allá de la vertiente estrictamente agronómica, el debate sobre la cercospora en la remolacha y el uso de Univoq tiene un fuerte componente económico y social. La remolacha azucarera es un cultivo estratégico para muchas comarcas rurales de Castilla y León, tanto por la renta que proporciona a las explotaciones como por el empleo asociado a la industria azucarera.
UPA Castilla y León subraya que la remolacha contribuye a fijar población y mantener actividad industrial en zonas donde las alternativas productivas no abundan. La desaparición o una reducción drástica de este cultivo podría tener un efecto dominó sobre cooperativas, fábricas de transformación, empresas de servicios y otros eslabones de la cadena agroalimentaria vinculados al azúcar.
En campañas con una fuerte presión de cercospora, las pérdidas pueden ser muy significativas. Se habla de mermas de rendimiento superiores al 50 % en casos extremos, e incluso de destrucción total de las plantas si la enfermedad se dispara y no se actúa a tiempo. En ese contexto, la disponibilidad de herramientas eficaces de control se convierte en un factor determinante para la viabilidad económica de las explotaciones.
La organización agraria subraya que una decisión desfavorable sobre la autorización de Univoq podría trasladarse en menores ingresos para cientos de familias, abandono de superficie remolachera y un debilitamiento del tejido productivo ligado al azúcar. Por ello, reclaman que en la toma de decisiones se tengan en cuenta no solo los aspectos sanitarios y ambientales, sino también su impacto sobre el territorio.
Hacia dónde puede evolucionar la gestión de la cercospora
La situación actual plantea muchas incógnitas sobre cómo se gestionará la cercospora en los próximos años en España y en el resto de Europa. Mientras se debate la autorización de productos como Univoq, el sector es consciente de que la lucha contra esta enfermedad exigirá un enfoque cada vez más integral, combinando genética, manejo y, cuando sea necesario, herramientas químicas.
Los servicios técnicos insisten en que será clave reforzar la prevención y la detección temprana. Un seguimiento más estrecho de las parcelas, herramientas de alerta basadas en datos meteorológicos y modelos de riesgo, así como el intercambio ágil de información entre agricultores y técnicos, pueden marcar la diferencia a la hora de anticiparse a los brotes más agresivos.
También se apunta a la importancia de apostar por variedades de remolacha con mejor comportamiento frente a la cercospora, dentro de las posibilidades disponibles en el mercado. Aunque la resistencia genética no es absoluta, puede contribuir a reducir la presión de la enfermedad y a mejorar la eficacia de los tratamientos cuando son necesarios.
En paralelo, se espera que la investigación siga avanzando en la búsqueda de nuevos modos de acción fungicida y soluciones biológicas complementarias, con el objetivo de ampliar el abanico de herramientas de control con un perfil de seguridad adaptado a las exigencias europeas. Mientras tanto, el tira y afloja entre la necesidad de proteger los cultivos y el marco regulatorio seguirá marcando buena parte del debate agrario.
El sector remolachero de Castilla y León afronta así una campaña cargada de interrogantes, en la que el equilibrio entre sostenibilidad, producción e innovación será determinante. Lo que ocurra con la cercospora y con la autorización o no de Univoq en 2026 puede convertirse en un precedente sobre cómo se van a gestionar, en la práctica, los retos sanitarios de la agricultura europea en los próximos años.
