La clausura de un predio en el municipio de Miacatlán, en el estado de Morelos, ha vuelto a poner el foco en los efectos de la deforestación y el cambio de uso de suelo para fines agrícolas. En este caso, el desmonte del terreno se llevó a cabo para preparar plantaciones de agave, pero sin los permisos ambientales necesarios.
Las autoridades mexicanas han confirmado el derribo de 52 árboles de especies nativas y la eliminación de numerosos arbustos en una zona de selva baja caducifolia, un tipo de ecosistema especialmente vulnerable. El caso sirve como ejemplo de los conflictos que se generan entre la expansión de cultivos y la protección de los recursos naturales, una situación que también preocupa en España y en otros países europeos donde se vigila cada vez más el respeto a la normativa ambiental.
Clausura del predio y actuación de Profepa
La intervención corrió a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que ordenó la clausura total temporal del predio tras una visita de inspección. El terreno se encuentra en el paraje conocido como “Ojo de Agua”, dentro del ejido de Palo Grande, en Miacatlán, Morelos.
Según ha informado el organismo que encabeza Mariana Boy Tamborrell, durante la inspección, realizada el 24 de marzo, se verificó que el área había sido desmontada con el objetivo de preparar el terreno para el cultivo de agave, pero sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
La Profepa constató que la zona, antes cubierta por vegetación característica de la selva baja caducifolia, presentaba ahora una remoción prácticamente total de la cubierta vegetal, resultado de trabajos efectuados con maquinaria pesada. Esta forma de desmonte incrementa el impacto sobre el suelo y la fauna asociada al ecosistema.
Durante la visita, la persona identificada como responsable del predio no pudo acreditar ningún permiso de Semarnat para modificar el uso de suelo forestal, circunstancia que motivó la colocación de sellos de clausura como medida de seguridad inmediata.
Las autoridades ambientales señalaron que la clausura tiene carácter temporal mientras se desarrolla el procedimiento administrativo para determinar el grado de afectación y las posibles sanciones que correspondan, sin descartar que el caso pueda derivar en la configuración de un delito de carácter federal.
Derribo de 52 árboles nativos y eliminación de arbustos
En el reconocimiento de campo, los inspectores identificaron el derribo de 52 árboles pertenecientes a especies nativas de la región, así como la eliminación de numerosos arbustos propios de la zona. Todo ello con la intención de dejar el terreno limpio y nivelado para la plantación de agave.
Entre los ejemplares talados se encuentran especies de gran importancia ecológica, como el cazahuate (Ipomoea murucoides), un árbol característico de este tipo de selva, y el cuauhlote, que forma parte del estrato arbóreo local. También se registró la presencia y derribo de guamúchil (Pithecellobium), además de otros árboles como Guazuma ulmifolia, todos ellos representativos de la flora nativa de la región.
La Profepa detalló que estos 52 árboles derribados no solo cumplían una función paisajística, sino que proporcionaban sombra, refugio y alimento a distintas especies de fauna silvestre, además de contribuir a la estabilidad del suelo y al mantenimiento de los ciclos de agua.
En la zona también se habían eliminado matorrales y vegetación secundaria que, aunque muchas veces pasan desapercibidos, resultan esenciales para la regeneración natural del bosque y para la protección del suelo frente a fenómenos como la erosión; en procesos de reforestación se recomiendan los árboles de raíz no invasiva.
El uso de maquinaria pesada para las labores de desmonte agravó los daños, al compactar la capa superficial del terreno y alterar la estructura del suelo, dificultando la infiltración del agua y la futura recuperación de la vegetación original.
Impactos ambientales del cambio de uso de suelo
La propia Profepa ha subrayado que la remoción de vegetación forestal en este tipo de entornos provoca una pérdida importante de biodiversidad. La desaparición de árboles y arbustos implica la pérdida de hábitats esenciales para aves, mamíferos, insectos y otras especies que dependen de este ecosistema.
La eliminación de la cobertura vegetal también altera el equilibrio ecológico de la zona, al modificar las condiciones de temperatura, humedad y disponibilidad de refugios y alimento. Estos cambios pueden repercutir tanto en las especies de flora y fauna presentes como en los procesos ecológicos que mantienen el ecosistema en buen estado.
Uno de los efectos señalados por las autoridades es la disminución de la capacidad del suelo para retener agua. Sin la protección de las raíces y la materia orgánica que aportan los árboles y arbustos, la lluvia escurre con mayor facilidad, favoreciendo la erosión, el arrastre de sedimentos y la pérdida de nutrientes.
Esta situación, además de afectar a la recarga de acuíferos, puede repercutir en las comunidades cercanas, que dependen de los servicios ambientales que ofrece el ecosistema, como la regulación del clima local, la disponibilidad de agua y la protección frente a fenómenos extremos.
El caso de Miacatlán se suma a otras preocupaciones sobre la expansión de cultivos en zonas forestales, como la cosecha de acacias, un tema que no es ajeno a España y a diversos países europeos, donde las autoridades ambientales y la ciudadanía vigilan con atención cualquier transformación de bosques, dehesas o masas forestales para asegurar que se realice con las debidas garantías legales y con el menor impacto posible.
Marco legal y posibles sanciones
La actuación de Profepa se apoya en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que establece la necesidad de obtener una autorización de cambio de uso de suelo cuando se pretende desmontar terrenos forestales para destinarlos a otros aprovechamientos, como la agricultura o la ganadería.
En este expediente, el organismo federal ha iniciado un procedimiento administrativo para determinar el tipo y la cuantía de las sanciones, que pueden ir desde multas económicas hasta la obligación de realizar acciones de restauración y reforestación en el área afectada.
Además, Profepa ha advertido de que este tipo de actividades, cuando se llevan a cabo sin los permisos correspondientes y en zonas forestales, pueden tipificarse como delito federal. Esto abriría la puerta a responsabilidades penales para las personas físicas o morales implicadas en el desmonte.
La colocación de sellos de clausura en el predio busca evitar que se sigan realizando trabajos de preparación del terreno o siembras de agave mientras se analiza con detalle el alcance de los daños ambientales.
El caso pone de manifiesto la importancia de la planificación y evaluación ambiental previa a cualquier proyecto de cambio de uso de suelo, una exigencia que también se aplica de forma estricta en la Unión Europea, donde la transformación de superficies forestales está sujeta a controles y, en muchos casos, a evaluaciones de impacto ambiental.
La actuación en Miacatlán ilustra cómo la deforestación sin control y la ausencia de permisos pueden acarrear consecuencias legales relevantes y un deterioro notable del entorno natural. La protección de los bosques y de la vegetación nativa, tanto en México como en España y el resto de Europa, se consolida como una prioridad para garantizar ecosistemas sanos, preservar la biodiversidad y mantener los servicios ambientales de los que dependen las comunidades locales.
