
El aumento disparado del precio de los fertilizantes y del gasóleo agrícola se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para el campo español y europeo. Lo que hace apenas unos meses era ya un coste alto, hoy se ha transformado en una losa que amenaza la rentabilidad de miles de explotaciones.
En un contexto marcado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, el encarecimiento de la energía y de las materias primas ha desencadenado una auténtica tormenta perfecta para agricultores y ganaderos. Aunque el agua y las previsiones de riego acompañan en muchas zonas, la subida de los insumos está borrando cualquier expectativa de campaña tranquila.
Un conflicto lejano que vacía los bolsillos del agricultor
La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y las tensiones en Oriente Medio han provocado una escalada inmediata en el precio de combustibles y abonos utilizados en el campo. El cierre o las restricciones en el estrecho de Ormuz han encarecido el transporte de crudo y materias primas, y la repercusión se nota en cada litro de gasóleo y en cada tonelada de fertilizante.
Representantes del sector agrario explican que, en cuestión de días, el gasóleo agrícola llegó a subir hasta un 40 %, mientras el gasóleo B o agrícola, en algunos territorios, acumula incrementos cercanos al 70 %. Lo llamativo, denuncian, es que cuando el barril de petróleo baja en los mercados internacionales, esa rebaja apenas se traslada a los precios finales.
Un productor cerealista señalaba que, nada más estallar el conflicto, los carburantes subieron de golpe, mientras que el crudo en origen solo había empezado a encarecerse. Para el sector, esta diferencia entre la rapidez de las subidas y la lentitud de las bajadas evidencia el peso de los oligopolios energéticos y la capacidad de algunas empresas para fijar precios al alza de forma casi inmediata.
Este encarecimiento del combustible se ha trasladado, con muy poco retraso, al mercado de los fertilizantes. Los abonos nitrogenados, esenciales en cultivos como los cereales de invierno, la remolacha o el maíz, han registrando incrementos de entre el 15 % y el 70 % según el producto y la zona, lo que obliga a los agricultores a recalcular, casi semana a semana, el coste real de la campaña.
España: costes «prohibitivos» y campañas en el aire
En distintos puntos de España, desde Castilla y León hasta Extremadura, Baleares o Aragón, el discurso de las organizaciones agrarias tiene un denominador común: la subida de gasóleo y fertilizantes está dejando las cuentas en rojo en plena campaña de siembras, riegos y recolecciones.
En Castilla y León, mientras las reservas de agua y las dotaciones de riego permiten plantear una buena campaña hidrológica, los agricultores insisten en que el problema está en los costes. Los precios del maíz, la remolacha, la patata o las alubias se mantienen bajos, mientras que el gasóleo y los abonos continúan al alza, generando un fuerte desequilibrio entre ingresos y gastos.
Algunos productores reconocen que, ante este escenario, no se atreven ni a arrancar el tractor. El miedo a sembrar con unos costes disparados y sin garantías mínimas sobre el precio de venta final está llevando a muchos a replantearse la superficie cultivada o incluso a paralizar inversiones. A pie de campo, la sensación es que se afronta una campaña de riego aceptable, pero económicamente «muy mala».
El cerealista medio, con explotaciones de secano de alrededor de 150 hectáreas, se enfrenta a sobrecostes anuales cercanos a los 10.000 euros, sumando el aumento de combustible y de fertilizante. Una parte importante de ese desajuste proviene precisamente de la subida de la urea y otros abonos nitrogenados utilizados como cobertera en los cereales en estas fechas.
En Extremadura, las organizaciones agrarias hablan abiertamente de precios «absolutamente prohibitivos». El gasóleo A se ha encarecido alrededor de un 40 %, el gasóleo B roza subidas del 70 % y fertilizantes como la urea han seguido una tendencia similar. Con la campaña de riego en marcha, abonados de cobertera y la recolección de cereales a la vuelta de la esquina, el consumo de carburante y de abonos se dispara justo cuando más caros están.
Esta coyuntura llega, además, en un momento de fragilidad estructural del sector: se calcula que en los últimos siete años han cerrado más de 100.000 explotaciones agrarias en España y existe el temor de que, si los costes se mantienen en estos niveles, puedan desaparecer muchas más en poco tiempo.
Cooperativas y productores: entre el racionamiento y las compras anticipadas
Las cooperativas agrarias españolas están intentando amortiguar, en la medida de lo posible, el impacto de la subida de los fertilizantes y el transporte. Sin embargo, la respuesta de los mercados no está siendo homogénea y el acceso al producto empieza a tensarse.
En algunas cooperativas, como las de Ibiza y Formentera, ya se habla de racionamiento en fertilizantes nitrogenados. La preocupación no es solo el precio, sino también la garantía de suministro a lo largo de toda la campaña. Cuando estalla una crisis de este tipo, apuntan, el aumento del coste es inmediato, pero la escasez de producto puede aparecer algo más tarde, complicando la planificación de abonados.
Otras entidades han logrado contener el impacto temporalmente gracias a compras masivas realizadas justo antes del inicio del conflicto. Haber cerrado contratos de importación o adquisición de fertilizantes con meses de antelación ha permitido mantener, por ahora, los precios a sus socios. Sin embargo, todos son conscientes de que, cuando se agoten esos stocks más baratos, el relevo llegará a un coste mucho mayor.
Además, el encarecimiento del combustible está repercutiendo directamente en el transporte de mercancías agrícolas. Algunas cooperativas cuantifican subidas de entre un 8 % y un 10 % en el coste del transporte, variación que no tienen más remedio que trasladar parcialmente al cliente final, reduciendo a la vez sus márgenes de beneficio.
El propio Govern balear, que monitoriza semanalmente el impacto de la guerra de Irán en el sector primario, constata tensiones en los precios y en el suministro de fertilizantes, con incrementos sostenidos desde el inicio del conflicto. Se menciona, por ejemplo, una subida cercana al 15,4 % en la urea y de más del 11 % en fertilizantes complejos, a lo que se suma una fuerte presión logística.
Europa: el «efecto tijera» y el coste disparado de la urea
Más allá del caso español, el problema de la subida de precios de fertilizantes se extiende por toda la Unión Europea. Las organizaciones agrarias europeas, agrupadas en Copa-Cogeca, hablan ya de un verdadero «efecto tijera»: por un lado, los precios en origen de los cereales y otros cultivos apenas se mueven; por otro, los costes de producción, con los fertilizantes a la cabeza, se disparan.
En los últimos años, la tonelada de urea ha pasado de costar en torno a 260 euros a alcanzar 470 euros antes del estallido de la guerra en Irán. Tras la entrada en vigor de nuevas regulaciones europeas y las sanciones a Rusia y Bielorrusia, se ha registrado un encarecimiento adicional de entre el 10 % y el 15 %. Con el conflicto en Oriente Medio, el precio de este fertilizante clave llegó a situarse alrededor de los 800 euros por tonelada en algunos momentos, un nivel que muchos agricultores consideran inasumible.
Las organizaciones recuerdan que los fertilizantes representan entre el 15 % y el 30 % de los costes de producción de numerosos cultivos. Cualquier repunte significativo en este capítulo se come los márgenes de golpe, hasta el punto de que se calcula que los cerealistas europeos acumulan ya tres años consecutivos en pérdidas, con resultados negativos de hasta 500 euros por hectárea.
El encarecimiento no se explica solo por la volatilidad del gas y las tensiones geopolíticas. Desde el sector se apunta también al impacto del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), una tasa sobre el carbono emitido en la producción de determinadas mercancías importadas, entre ellas algunos fertilizantes. Solo dos meses después de su entrada en vigor, los costes de los abonos se habían encarecido de nuevo, y distintos estudios pronostican que, de aquí a 2030, este sistema podría elevar el precio de los fertilizantes nitrogenados hasta en un 50 % adicional.
La consecuencia práctica es que muchos agricultores europeos se ven forzados a buscar vías de ahorro en fertilización, recortando dosis, reduciendo superficies sembradas o sustituyendo cultivos exigentes por alternativas menos intensivas, aunque también menos productivas. A medio plazo, alertan, esta dinámica puede traducirse en una menor diversidad de cultivos, más plagas y un deterioro de los suelos por falta de rotaciones adecuadas.
Cambios de cultivos y reducción de la fertilización
Ante la subida de los costes, muchos agricultores están replanteando qué siembran y cómo lo fertilizan. En España y en otros países comunitarios se observa un desplazamiento de superficie desde cultivos intensivos en fertilizantes, como el maíz o ciertos hortícolas, hacia otros que requieren menos aportes.
Algunos técnicos señalan el aumento de la superficie de girasol como una respuesta lógica: se trata de un cultivo menos exigente en fertilización que el maíz, aunque también suele ofrecer menores rendimientos económicos. También se contemplan opciones como el cereal de invierno, que necesita abono, pero en cantidades más moderadas que otros cultivos con mayores necesidades nutricionales.
En el ámbito hortícola, la preocupación es mayor. Las producciones de hortalizas de regadío suelen necesitar aportaciones continuas de fertilizante a lo largo del ciclo, por lo que el impacto de cualquier subida es mucho más intenso. Algunos agricultores prevén reducir plantaciones ante la incertidumbre de poder cubrir los costes, con el riesgo de que se produzcan caídas de oferta y encarecimientos posteriores en los mercados.
El uso de fertilizantes orgánicos y enmiendas de origen animal, como estiércoles o compost, se presenta como una alternativa parcial, aunque su disponibilidad es limitada y, en muchos casos, ya está comprometida. Además, el encarecimiento de los abonos químicos tiende a arrastrar al alza también el precio de los productos orgánicos, que se ven más demandados por un mayor número de explotaciones.
La tentación de «ahorrar» reduciendo al mínimo la fertilización mineral, advierten los técnicos, puede salir cara a medio plazo: suelo empobrecido, menores rendimientos y mayor vulnerabilidad a enfermedades y malas hierbas. El problema para muchos agricultores es que, con los actuales precios de los fertilizantes, mantener las dosis recomendadas supone asumir un riesgo económico difícil de gestionar.
Ayudas, protestas y sensación de abandono
En España, las principales organizaciones agrarias han salido a la calle para protestar por lo que consideran una subida injustificada de combustibles y fertilizantes. En comunidades como Castilla y León se han registrado manifestaciones multitudinarias ante instalaciones de distribución de hidrocarburos y sedes institucionales, exigiendo medidas inmediatas.
Entre las reclamaciones más repetidas está la denuncia de posibles prácticas especulativas. El sector recuerda que España dispone de reservas estratégicas de petróleo para varios meses y que una parte relevante del fertilizante nitrogenado procede del norte de África o de Rusia, sin depender directamente de los flujos a través del estrecho de Ormuz. Pese a ello, los precios han subido con la misma intensidad que si toda la cadena de suministro estuviera ligada al conflicto en Irán.
El Gobierno central ha puesto en marcha distintos paquetes de apoyo, como bonificaciones temporales en el precio del gasóleo o ayudas por hectárea para compensar el sobrecoste de los fertilizantes. Sin embargo, para buena parte del sector, estas medidas solo cubren una fracción del encarecimiento real y se perciben más como «parches» coyunturales que como una solución de fondo.
Algunas organizaciones plantean que la única forma efectiva de aliviar al campo sería asumir el diferencial entre los precios actuales y los vigentes antes de la crisis, al menos durante un periodo transitorio. Esto permitiría volver a niveles razonables de coste mientras se exploran otras vías de estabilización de los mercados y se revisan determinadas políticas energéticas y medioambientales.
En paralelo, a nivel europeo se empieza a contemplar la reactivación de marcos temporales de crisis similares a los utilizados durante la pandemia, que permitirían a los Estados miembros conceder ayudas de Estado de forma más flexible. No obstante, en el sector existe cierto escepticismo, a la vista de experiencias pasadas, sobre la rapidez y eficacia con la que estas herramientas pueden llegar a la economía real de las explotaciones.
En este contexto, la sensación que se extiende entre agricultores y ganaderos es la de que el campo está soportando en solitario el golpe del encarecimiento de los insumos, mientras el resto de la cadena alimentaria consigue trasladar una parte importante del aumento de costes al consumidor final o a los propios productores.
El encarecimiento de los fertilizantes no es solo una cuestión de números en una hoja de cálculo; está condicionando qué se siembra, cuánto se produce y a qué precio llegarán los alimentos a la mesa en los próximos meses. Entre el impacto de la guerra en Irán, la volatilidad del mercado energético y las propias regulaciones europeas, el sector agrario español y comunitario afronta un escenario en el que cada kilo de abono cuenta y cada euro invertido en fertilización pesa más que nunca en la supervivencia de las explotaciones.

