La reciente autorización para intervenir casi un centenar de araucarias en la zona de Icalma ha generado un encendido debate entre las autoridades, las comunidades Mapuche y los vecinos de la región. La acción, que responde a la necesidad de avanzar en las obras públicas de las rutas R-95 (Liucura–Icalma) y S-61 (Icalma–Melipeuco), confirma una vez más la tensión presente entre el desarrollo vial y la preservación medioambiental en uno de los paisajes más emblemáticos del sur.
El pronunciamiento definitivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) desbloquea un proceso administrativo que llevaba años pendiente. Según la resolución, se permite la intervención de 39 ejemplares de araucaria en el tramo hacia Liucura y 57 ejemplares más en la ruta hacia Melipeuco, abarcando tanto árboles maduros como en regeneración. El permiso incluye un compromiso de reforestación en la Reserva Nacional Alto Biobío, donde se plantarán nuevas araucarias junto a especies autóctonas como ñirres y lengas sobre un área cercana a 40 hectáreas.
Rechazo de las comunidades Mapuche
Desde el entorno local, las voces Mapuche han expresado una fuerte oposición al proyecto. Líderes comunitarios sostienen que el pewén, como llaman a la araucaria, constituye una parte esencial de su espiritualidad, la cosmovisión y la vida cotidiana de los pueblos originarios de la zona. Para ellos, la tala de estos árboles representa no solo una pérdida ambiental, sino también cultural e identitaria. Han manifestado su preocupación por la continuidad ecológica de la especie, recordando que las araucarias son consideradas monumento natural y que su conservación es fundamental para la biodiversidad del área.
Obras viales y justificación oficial
Desde el municipio de Lonquimay se destaca que la mejora de estas rutas es una demanda histórica de la comunidad, con impacto directo en el turismo, la movilidad y el cierre de brechas sociales que afectan a las familias de la alta cordillera. Las autoridades implicadas subrayan que la intervención cuenta con una calificación de interés nacional, alegando que no comprometerá la continuidad ni la recuperación de la especie, en parte gracias al plan de compensación ambiental.
La tramitación, liderada por el gobierno local junto a representantes nacionales y regionales, responde, según explican, a años de gestiones y a la presión social para mejorar la conectividad. Este nuevo paso facilitará la obtención de financiación futura para la licitación y ejecución de las obras, que buscan facilitar el acceso y fomentar el crecimiento regional.
Compromiso ambiental y desafíos pendientes
La intervención de la especie, enmarcada bajo una estricta regulación, incluye un detallado plan de reforestación y seguimiento para garantizar la supervivencia de los nuevos ejemplares plantados. La superficie compensada busca equilibrar el impacto sobre el entorno, e incorpora no solo araucarias sino también otras especies endémicas de la zona. Sin embargo, todavía existen dudas sobre la efectividad del reemplazo y el impacto a largo plazo en la biodiversidad y el tejido social de la comunidad.
Además, el contexto social en Icalma y la cordillera está marcado por demandas históricas de participación y respeto a los derechos de los pueblos originarios, quienes insisten en la importancia de buscar alternativas de desarrollo que protejan su patrimonio natural y espiritual.