El compostaje doméstico y la recogida separada de biorresiduos avanzan a ritmo desigual en España. Mientras que en Galicia las plantas de compostaje funcionan al 11% de su capacidad, en la Comunidad Valenciana se premia económicamente a las familias que reciclan en casa. Y en Benidorm, una inversión millonaria en contenedores marrones sigue sin traducirse en servicio real para los vecinos.
Desde que en diciembre de 2023 entró en vigor la obligación de separar los biorresiduos, los ayuntamientos han tenido que desplegar sistemas de recogida y fomentar el compostaje. Sin embargo, la implicación ciudadana y la gestión municipal distan mucho de ser homogéneas, como muestran los últimos datos y noticias de varias comunidades autónomas.
Galicia: infraestructuras preparadas pero baja participación
Galicia cuenta con cuatro plantas de compostaje –en Cerceda, Vilanova de Arousa, Verín y Cervo– que suman una capacidad total de 36.000 toneladas anuales. Sin embargo, en la actualidad solo se tratan unas 4.000 toneladas de biorresiduos, lo que representa apenas el 11% de su potencial. La Xunta reconoce que la recogida selectiva ha crecido desde las 833 toneladas de 2023 hasta las 4.000 de 2025, pero todavía supone solo el 1% de la materia orgánica que generan los hogares gallegos, que asciende a más de 400.000 toneladas al año.
Para mejorar estas cifras, la Consellería de Medio Ambiente ha puesto en marcha una campaña de sensibilización con un presupuesto de 583.333 euros. Además, el 94% de los concellos gallegos ya disponen de algún sistema de recogida (contenedor marrón, compostaje doméstico o comunitario), aunque 18 ayuntamientos aún no lo han implantado. En este contexto, nuevas iniciativas de compostaje de residuos orgánicos en España, desde Córdoba a Galicia, demuestran que el sistema puede sumar adeptos.
En Barbadás, el Ayuntamiento ha incorporado 20 nuevos hogares al programa de compostaje doméstico, entregando composteros gratuitos y ofreciendo formación. El gobierno local destaca que cada nueva familia adherida reduce el impacto ambiental y avanza hacia una economía más sostenible. Por su parte, el Concello de Oia celebró una sesión informativa en el Centro Cultural de Pedornes a la que se sumaron ocho nuevas familias, que recibieron un compostero y acompañamiento técnico. La iniciativa, apoyada por la Xunta y los fondos Next Generation EU, sigue abierta a nuevas inscripciones.
La Comunidad Valenciana apuesta por bonificaciones económicas
En la Comunidad Valenciana, el Consorci de Residus V5 (COR) ha logrado que 1.450 familias de cinco comarcas participen en su programa de compostaje doméstico. Cada hogar recibe una bonificación de 12 euros en la tasa de tratamiento de residuos, lo que supone una inversión total de cerca de 18.000 euros. Durante el primer semestre de 2026 se han incorporado 180 nuevas familias, con un crecimiento especialmente notable en Enguera, donde 65 hogares se han sumado desde diciembre de 2025, alcanzando las 170 familias activas.
El presidente del COR, Elio Cabanes, ha señalado que cada vez más vecinos entienden que los residuos orgánicos pueden convertirse en un recurso útil. Además del beneficio ambiental, los participantes obtienen una recompensa económica directa. El técnico de compostaje, Mikel Vela, explica que los talleres prácticos de compostaje doméstico tienen una excelente acogida porque demuestran que el proceso es sencillo: con pequeños cambios de hábitos se reduce la basura y se obtiene un fertilizante natural para jardines y huertos. La fracción orgánica representa entre el 40% y el 50% de los residuos domésticos, por lo que su gestión en origen reduce significativamente el volumen de basura y las emisiones de transporte.
Benidorm: la polémica por los contenedores sin desplegar
No todo son buenas noticias. En Benidorm, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado la parálisis en la implantación de la recogida selectiva de biorresiduos. A pesar de que el Ayuntamiento invirtió casi 1,5 millones de euros en la compra de más de 1.500 contenedores para biorresiduos y compostaje –con una subvención de 800.000 euros de fondos europeos–, los vecinos aún no disponen de ellos en la vía pública. La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha calificado de “auténtica vergüenza” que el contrato se formalizara en diciembre de 2025 y seis meses después los contenedores sigan sin desplegarse. Escoda ha exigido al gobierno local que ponga en marcha el servicio para no poner en riesgo las ayudas europeas y ofrecer a la ciudadanía una red moderna de reciclaje.
Este caso contrasta con el avance en otras localidades y pone de relieve que la inversión en infraestructuras no basta si no va acompañada de una gestión eficaz. Mientras en Galicia y la Comunidad Valenciana se multiplican las iniciativas de compostaje doméstico y recogida separada, Benidorm ejemplifica los obstáculos administrativos que aún lastran la transición hacia una economía circular.
La obligación de separar los biorresiduos, fijada por la UE y la legislación estatal, exige a los ayuntamientos un esfuerzo coordinado de implantación y concienciación. Los datos de Galicia y Valencia muestran que el compostaje doméstico es una herramienta eficaz para reducir residuos y cumplir los objetivos de reciclaje, pero su éxito depende tanto de la voluntad política como de la participación ciudadana. Con metas como alcanzar el 50% de recogida separada en 2035 y reducir la materia orgánica en la bolsa de resto al 15% en 2027, el camino aún es largo, pero los pasos dados en numerosos municipios demuestran que el cambio es posible.
