La reciente confirmación de la presencia del Picudo Rojo de las Palmeras en la isla Martín García ha encendido todas las alarmas en las autoridades sanitarias y ambientales. Este insecto, considerado en muchos países como una de las plagas más destructivas que afectan a las palmeras, ha obligado a poner en marcha medidas de urgencia para intentar frenar su avance.
En este contexto, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ha activado un amplio dispositivo de vigilancia, control y erradicación. El objetivo no es otro que evitar que la plaga se disperse desde Martín García hacia otros puntos de Argentina y, por extensión, del Cono Sur, donde las palmeras tienen un alto valor paisajístico, cultural y ecológico.
Declaración de la emergencia fitosanitaria
Mediante la Resolución 133/2026 del SENASA, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno argentino estableció la Emergencia Fitosanitaria por la presencia del Picudo Rojo de las Palmeras en la isla Martín García, en la provincia de Buenos Aires. La medida tiene una vigencia inicial hasta el 30 de junio de 2027 y se circunscribe, en esta primera fase, a la totalidad de la superficie de la isla.
La resolución se dicta tras la notificación en enero de 2026, a través del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (SINAVIMO), de daños compatibles con la plaga en ejemplares de Phoenix canariensis. En esas palmeras se detectaron adultos y estadios juveniles del insecto, y las muestras fueron analizadas por la Dirección de Laboratorio Vegetal del SENASA, que confirmó que se trataba de Rhynchophorus ferrugineus.
Hasta ese momento, el estatus fitosanitario del Picudo Rojo en Argentina era el de “Plaga Cuarentenaria Ausente”, es decir, un organismo considerado de alto riesgo cuya presencia no estaba confirmada en el territorio nacional. La detección en Martín García cambió por completo el escenario y justificó la adopción de medidas excepcionales y de carácter urgente.
La declaración de emergencia obliga a reforzar las tareas de prevención, vigilancia y control, con especial atención al posible traslado de material vegetal hospedante (palmeras y partes de las mismas) desde la isla hacia otros destinos. Además, se abre la puerta a que el área bajo emergencia pueda ampliarse a otras zonas del país si se detectan nuevos focos.
La normativa precisa que la Dirección Nacional de Protección Vegetal del SENASA está facultada para prorrogar la emergencia, modificar el ámbito geográfico afectado y actualizar o ampliar las medidas técnicas que se consideren necesarias frente a la evolución de la plaga.
Un insecto de alto impacto para las palmeras
El Picudo Rojo de las Palmeras, cuyo nombre científico es Rhynchophorus ferrugineus, está catalogado en la documentación oficial como “la plaga global más destructiva de las palmeras”. Es capaz de atacar más de 35 especies pertenecientes a 23 géneros distintos, tanto ornamentales como productivas.
Se trata de un insecto de hábitos gregarios, que vive y se reproduce en grupo, y que puede dañar a las palmeras en cualquier fase de su desarrollo. Las hembras depositan los huevos en heridas, bases de hojas o zonas blandas del estípite, y las larvas perforan galerías internas mientras se alimentan del tejido vegetal.
El resultado de esa alimentación es una destrucción progresiva del tejido vascular de la palmera. Uno de los signos más evidentes es el decaimiento de la corona foliar, cuyas hojas centrales comienzan a vencerse hasta adoptar un aspecto parecido al de un “paraguas abierto”. Si la infestación avanza, el daño acaba provocando la muerte completa de la planta.
Morfológicamente, el adulto presenta cuerpo alargado con pico estrecho y curvado, coloración rojiza o anaranjada con manchas negras y puede alcanzar hasta 5 centímetros de longitud. A pesar del impacto que genera sobre las palmeras, la plaga no supone un riesgo directo para la salud de las personas ni de los animales domésticos.
En el plano regional, la especie ya se encuentra instalada en Uruguay, donde ha ido ampliando su área de distribución y su presión de ingreso hacia Argentina. Ese antecedente llevó a que, ya en años previos, se hubieran emitido alertas fitosanitarias y recomendaciones para reforzar los controles, especialmente en zonas fronterizas y en el movimiento de material vegetal sensible.
Plan de contingencia y obligaciones de denuncia
La Resolución 133/2026 no se limita a declarar la emergencia, sino que aprueba un Plan de Contingencia específico frente al Picudo Rojo de las Palmeras. Este plan fija medidas fitosanitarias obligatorias que deben aplicarse cada vez que se confirme la presencia del insecto en un área determinada.
Entre las acciones previstas se incluyen la erradicación de ejemplares fuertemente afectados, el establecimiento de controles cuarentenarios sobre el movimiento de palmeras y sus partes, y la aplicación de protocolos de bioseguridad para evitar que la plaga se desplace de un punto a otro mediante herramientas, vehículos, restos vegetales u otros vectores.
El plan también precisa roles y responsabilidades de los distintos actores implicados: operadores comerciales que manejen palmeras, titulares de propiedades privadas con ejemplares sensibles, responsables de áreas protegidas, así como administraciones provinciales y municipales. Todos ellos están obligados a ejecutar las medidas indicadas “a su cargo”, conforme a lo dispuesto en la Ley 27.233, que declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal.
Otro punto clave de la normativa es la denuncia obligatoria de cualquier sospecha de presencia del Picudo Rojo. Cualquier persona, organismo o empresa que detecte ejemplares compatibles con la plaga, ya sea en estado de larva, pupa o adulto, o que observe daños típicos en las palmeras (como perforaciones, exudados o colapso de la corona), debe comunicarlo de manera inmediata y fehaciente al SENASA.
La notificación puede realizarse en la oficina del SENASA más cercana o mediante los canales de comunicación habilitados por el organismo. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones administrativas, sin perjuicio de otras medidas preventivas que puedan aplicarse para proteger el patrimonio fitosanitario.
Autorización excepcional de productos fitosanitarios
Uno de los aspectos más delicados de la respuesta oficial tiene que ver con el uso de productos fitosanitarios para el control del Picudo Rojo. Debido a que no existían productos específicamente registrados en Argentina para esta plaga, el SENASA ha optado por una autorización provisional y excepcional de determinados principios activos.
Hasta el 30 de junio de 2027, y en el marco de la emergencia, se habilita el uso de varios compuestos para dos tipos de tratamiento: endoterapia (aplicación mediante inyección directa en el tronco) y exoterapia (tratamientos externos sobre la superficie de la planta). Esta medida busca disponer de herramientas de choque mientras se avanza en ensayos, registros y alternativas de manejo integrado.
Entre los principios activos autorizados se encuentran acetamiprid, benzoato de emamectina, carbaril, dimetoato, dinotefuram, fosmet, imidacloprid y tiametoxam. La normativa detalla qué sustancias pueden utilizarse en endoterapia y cuáles en exoterapia, así como las condiciones técnicas de aplicación para minimizar riesgos ambientales y para la salud humana.
En el caso de los tratamientos exoterápicos, se exige la identificación clara de las palmeras tratadas, la creación de zonas de exclusión durante al menos 48 horas o hasta que el producto se haya secado por completo, y la adopción de todas las medidas necesarias para evitar derivas del producto, sobre todo cuando se realizan aplicaciones con condiciones meteorológicas desfavorables.
Adicionalmente, se establece que no está permitido consumir frutos provenientes de palmeras sometidas a estos tratamientos mientras dure la autorización excepcional. Los aplicadores deben cumplir con las Buenas Prácticas de Aplicación de Fitosanitarios y respetar las normas vigentes a nivel nacional, provincial y municipal, incluyendo restricciones de uso, distancia a cursos de agua o zonas habitadas, y gestión de envases vacíos.
Protección del patrimonio vegetal y coordinación institucional
Las autoridades remarcan que el despliegue de estas medidas no responde únicamente a un criterio productivo, sino también a la protección del patrimonio cultural, histórico y biológico asociado a las palmeras. En muchas ciudades y localidades, estos árboles forman parte del arbolado urbano histórico, de paseos, parques nacionales y áreas protegidas, y su pérdida tendría un impacto difícilmente reversible.
Por ello, el SENASA está trabajando de forma coordinada con ministerios provinciales de Ambiente y Desarrollo Agrario, administraciones locales y otros organismos públicos competentes. La idea es unificar criterios técnicos, compartir información sobre detecciones y actuar con rapidez en caso de sospechas, de manera que los focos puedan ser contenidos antes de que la plaga se instale de forma permanente en nuevas zonas.
Esta coordinación incluye también acciones de sensibilización y formación dirigidas a personal técnico, viveristas, responsables de espacios verdes y ciudadanía en general. Saber reconocer los síntomas tempranos y distinguir al Picudo Rojo de otros insectos que dañan palmeras resulta clave para que las notificaciones lleguen a tiempo.
A medio y largo plazo, el desafío será compatibilizar los tratamientos químicos autorizados de forma excepcional con estrategias de manejo integrado que incluyan vigilancia intensiva, saneamiento de ejemplares, eliminación segura de residuos vegetales, posible uso de trampas y estudio de alternativas biológicas, siguiendo la experiencia acumulada en otros países europeos y mediterráneos donde la plaga lleva años presente.
En este nuevo escenario, la isla Martín García se convierte en un punto crítico de observación y control, pero también en una oportunidad para afinar protocolos y herramientas que, llegado el caso, puedan aplicarse en el resto del territorio. El éxito de la emergencia fitosanitaria dependerá en buena medida de la capacidad institucional para sostener las medidas en el tiempo y de la implicación de propietarios, técnicos y ciudadanía a la hora de detectar y comunicar cualquier señal de alarma.
