Tras más de medio año de paros, la huelga de los jardineros de Vitoria encara su fase decisiva con un preacuerdo que deberá ser refrendado en asamblea. La propuesta se ha logrado en el Consejo de Relaciones Laborales (PRECO) y, si recibe el visto bueno de la plantilla, podría desconvocarse de inmediato.
La sintonía entre el comité y Enviser ha mejorado claramente en la última ronda, hasta el punto de que ELA, LAB y ESK han avalado el texto y la dirección de la empresa lo ha asumido como base. Aun así, hay llamadas a la prudencia: la decisión final recae en los trabajadores, que serán quienes marquen el paso en las próximas horas.
Cronología y contexto del conflicto
La protesta estalló el 26 de marzo para reclamar salarios ajustados al mercado y mejoras de condiciones. Desde entonces, se han sucedido movilizaciones y hasta ocho reuniones previas sin acuerdo, con un parón en agosto que no ayudó a desatascar el desencuentro.
En las primeras fases la distancia era amplia, con diferencias económicas que los sindicatos cifraban en torno a 300 euros mensuales. A ello se sumó una interlocución irregular y una negociación que, según las partes, no terminaba de arrancar hasta la semana pasada.
El último impulso ha llegado en la novena reunión en el PRECO, cuando se produjo un intercambio serio de números y llamadas a despacho que permitió limar posturas. Ese trabajo contrarreloj desembocó en el actual preacuerdo, pendiente de la votación de la plantilla.
La huelga ha tenido una estela mediática inusual por su duración —se ha hablado de hasta 195 días— y porque las zonas verdes de la ciudad han sido su escaparate más visible, con cuidados limitados a los servicios mínimos.
El preacuerdo y la votación de la plantilla
Lo pactado se ha definido como una propuesta de acuerdo con respaldo sindical, que deberá someterse a votación en las asambleas. Si la mayoría opta por el sí, la firma se produciría al día siguiente y la huelga quedaría sin efecto.
En el capítulo temporal, el entendimiento mira más allá del actual contrato, que expira en 2027, e incorpora compromisos para el arranque del próximo pliego. El Gobierno municipal ha adelantado que incorporará las mejoras en el pliego que entrará en vigor en 2028, para dar estabilidad a lo acordado.
El equilibrio logrado se sustenta en una mejora retributiva que corrige la foto de sueldos próximos al SMI y en ajustes de organización ya encarrilados, lo que encaja con el mensaje sindical de las últimas fechas: condiciones dignas desde 2025.
Por respeto a la plantilla, los agentes sociales han evitado detallar las cifras al céntimo. Pero sí han confirmado que la propuesta encaja con los avances de la última semana y reduce las diferencias que habían hecho naufragar intentos anteriores.
Posturas de las partes y puntos económicos
Las reivindicaciones se han concentrado en la subida salarial y en una reducción de la jornada anual que ya figuraba como acuerdo de base. En fases previas, la empresa puso sobre la mesa aumentos de 70 euros el primer año y 40 en los dos siguientes, propuestas que la parte social consideró insuficientes.
Para romper el bloqueo, el comité presentó su propia alternativa, que calificó de factible y razonable. Ese movimiento facilitó un acercamiento real en la mesa del PRECO, donde por fin hubo negociación efectiva, con llamadas y recesos para ajustar números.
El Ayuntamiento ha saludado el paso dado, aunque con cautela. Desde el consistorio se ha recalcado que la solución debía llegar de la negociación directa entre empresa y trabajadores, y se ha lamentado el clima de tensión vivido en algunos momentos.
En paralelo, la alcaldesa y la responsable de Espacio Público han vuelto a condenar los episodios personales de presión y ataques surgidos durante el conflicto. Se trata de hechos ajenos a la mesa salarial, que el Gobierno municipal rechaza de plano.
Impacto en la ciudad y servicios mínimos
La prolongación del paro ha tenido efectos visibles: situación de los parques públicos con mantenimiento reducido, afecciones en espacios de piscinas municipales en verano y cambios en la logística de eventos —como el traslado del Araba Euskaraz fuera de Olarizu—.
Para garantizar la seguridad, el Gobierno Vasco estableció servicios mínimos extraordinarios a petición de la empresa y del Ayuntamiento, apoyándose en informes de Tráfico y Bomberos por la peligrosidad en ciertos puntos. Los sindicatos discreparon del carácter esencial del servicio, pero se mantuvieron siegas y tareas imprescindibles.
Con la vuelta a la normalidad, no será inmediato ver las zonas verdes como antes: harán falta meses de trabajo para recuperar el ritmo de poda, siega y reposición de planta, especialmente en espacios con vegetación desbocada.
Qué viene ahora
Si la asamblea da luz verde, la conflictuación quedará atrás y se activará un plan de choque para poner a punto parques y jardines. El consistorio ha avanzado que actualizará los pliegos para garantizar la calidad del servicio y las mejoras laborales comprometidas, en línea con retos de la jardinería municipal, con el nuevo contrato a partir de 2028.
El mensaje que comparten las partes es de optimismo prudente: hay base para cerrar el conflicto, pero todo depende del voto de la plantilla. De prosperar, la firma se materializaría de inmediato y la ciudad notaría, poco a poco, la recuperación del mantenimiento.
Con las posiciones por fin encauzadas, la huelga de los jardineros queda a un paso de su cierre: un preacuerdo validado por los sindicatos, una votación decisiva y la promesa municipal de blindar lo pactado en el próximo pliego dibujan un desenlace que, tras tantos meses, se percibe ya como el más probable.
