En distintos puntos del mapa, varios espacios de cultivo vecinal atraviesan un momento delicado: huertos comunitarios con orden de desalojo o cierre a corto plazo. La situación abre un debate sobre cómo compatibilizar necesidades urbanas, salud pública y la continuidad de proyectos con arraigo social.
Este panorama se ilustra con dos casos concretos, uno en Madrid y otro en California, que comparten un denominador común: la amenaza de interrupción de iniciativas con más de una década de historia, impulsadas por vecinos y sostenidas con trabajo voluntario. Además, las nuevas convocatorias y proyectos en algunos territorios intentan responder a este tipo de tensiones.
Madrid: la Huerta de Tetuán, entre un desalojo inminente y la ampliación de un colegio
En el barrio de Tetuán, el Ayuntamiento comunicó a principios de verano la intención de vaciar la huerta situada en la calle del Matadero, junto al Colegio Público Juan Ramón Jiménez, para ampliar el patio escolar. La notificación llegó a través de dos agentes de la Policía Municipal y fijó un plazo de dos meses por carecer el solar de autorización específica.
La Junta Municipal atribuye a la huerta la aparición de humedades en el centro, extremo que los usuarios rechazan de plano: aseguran haber ejecutado drenajes y riegos automatizados para encauzar el agua, y recuerdan que el propio distrito intervino en el muro colindante incorporando una cámara aislante. El colectivo ha encargado un informe para sostener que las filtraciones responden a corrientes subterráneas que, según afirman, están afectando también a edificios recientes de la zona.
Los hortelanos subrayan además que el colegio se construyó a dos niveles por debajo de la cota de la calle y que arrastra una ITE desfavorable desde 2018, factores que, a su juicio, explican parte de los problemas detectados. La versión de la huerta niega cualquier nexo causal directo entre su actividad y las humedades.
Tras la notificación, varios representantes se reunieron con la concejala y el coordinador del distrito sin avances claros. Se puso sobre la mesa la opción de un huerto escolar dentro del futuro patio, algo que la comunidad ve inviable por tamaño y naturaleza del proyecto. Conversaciones con responsables de Urbanismo y de Huertos Urbanos mostraron disposición a explorar salidas, pero la Junta no ha convocado nuevas reuniones.
Entre los vecinos cunde la sensación de que se corre demasiado: ampliar el patio es competencia autonómica y el expediente, advierten, podría tardar al menos dos años en completarse. Temen que el terreno acabe pavimentado y clausurado «hasta nueva orden», convirtiéndose en un solar sin uso, como antes de 2013, con pocas opciones para cultivar en el centro.
El colectivo recuerda que la huerta surgió con impulso municipal, enmarcada en el proyecto Paisaje Tetuán del Área de las Artes, y que, aunque no hubo autorización expresa, la Junta toleró e incluso colaboró en algunas fases durante 12 años. Un traslado, admiten, sería traumático y no garantiza la continuidad del proyecto en otro emplazamiento.
Ante este escenario, se ha activado una campaña vecinal con vídeos en redes, un modelo de instancia y un manifiesto para visibilizar que la huerta presta un servicio al barrio y cuenta con apoyo de asociaciones locales. No descartan convocar concentraciones para “abrazar” el espacio antes de que se materialice el desalojo.
San Diego: el jardín comunitario de Tijuana River Valley encara el fin de su arrendamiento
Al otro lado del Atlántico, uno de los jardines comunitarios más grandes y veteranos del condado de San Diego, con unas cinco acres y casi 23 años de trayectoria, se enfrenta a un cierre por la decisión del Distrito de Conservación de Recursos (RCD) de no renovar el contrato con el Departamento de Parques y Recursos del Condado. Este tipo de espacios de cultivo muestran distintas modalidades y escalas de huertos comunitarios.
La medida se fundamenta en preocupaciones de salud ligadas al entorno del Tijuana River Valley. Parte de la comunidad cuestiona a quién beneficia realmente esta decisión, recordando que decenas de familias llevan años cultivando allí sin incidencias destacables, y que el huerto ha sido un soporte constante para el vecindario.
El espacio agrupa alrededor de 210 parcelas y 8 microgranjas que ayudan a pequeños negocios locales y aportan alimentos frescos a los hogares. Entre las voces más afectadas, hay quien lamenta que una cosecha abundante pueda perderse si el cierre se consuma sin margen de reacción.
La notificación enviada a hortelanos y arrendatarios fija un plazo de 60 días desde su recepción para poner fin al arrendamiento y devolver la posesión de las instalaciones. El escrito actúa como aviso legal de terminación conforme al contrato suscrito con el RCD y, según se recuerda, la normativa de California permite a antiguos inquilinos reclamar bienes abandonados tras la desocupación.
Ante esta coyuntura, los usuarios piden soluciones alternativas: si el RCD se retira, solicitan más tiempo y opciones para que otra entidad pueda asumir la gestión y evitar la desaparición del jardín, con especial atención a no perder el tejido comunitario construido durante décadas.
Un patrón que se repite: decisiones administrativas y proyectos con arraigo social
Ambos casos muestran una misma tensión: la necesidad de resolver cuestiones urbanísticas o sanitarias frente a proyectos comunitarios asentados que cumplen funciones sociales, educativas y ambientales. Mientras Madrid alega una ampliación escolar y San Diego pone el foco en la salud pública, las comunidades afectadas reivindican diálogo, plazos razonables y alternativas proporcionadas.
Más allá de las diferencias institucionales —Junta y Comunidad de Madrid en un caso; RCD y el Departamento de Parques del condado en el otro—, el denominador común es la incertidumbre y la urgencia. Plazos de 60 días, informes técnicos en marcha y propuestas intermedias evidencian que la gestión del conflicto será determinante para el futuro de estos espacios.
Lo que está en juego no es solo un conjunto de bancales: se trata de lugares de encuentro, aprendizaje y apoyo mutuo que, sin un encaje normativo y operativo adecuado, pueden desaparecer con rapidez. La pelota está ahora en el tejado de las administraciones para articular soluciones que preserven el interés general sin deshacer lo construido por la ciudadanía.
