Un equipo de Estados Unidos ha presentado un método para transformar baterías de vehículos eléctricos al final de su vida útil en insumos para el campo. La propuesta se centra en las baterías LFP (fosfato de hierro y litio) y aplica un proceso de intercambio iónico que retira el litio y lo sustituye por potasio, convirtiendo el material del cátodo en un compuesto aprovechable por la agricultura.
Más allá de la novedad técnica, la idea busca encajar en una economía circular que reduzca costes y residuos. En un contexto de dependencia de fertilizantes importados, su potencial interés para España y Europa pasa por abaratar el reciclaje de LFP y reforzar la resiliencia de la cadena agroalimentaria.
Cómo funciona el proceso
La clave está en aplicar un intercambio iónico a los cátodos de las baterías LFP. En una solución rica en sales potásicas, el litio se extrae y se reemplaza por potasio, de modo que el fosfato del material activo pasa a ser fosfato potásico, un ingrediente con valor agronómico.
Con ese paso, el fósforo ya presente en la LFP se conserva y el potasio se incorpora durante el tratamiento. Posteriormente, se puede añadir nitrógeno para formular un fertilizante tipo NPK (nitrógeno, fósforo y potasio), empleando así tres nutrientes esenciales en agricultura.
Otra ventaja es operativa: al partir de materiales ya «procesados», el método evita hornos de alta temperatura y reduce etapas químicas intensivas. Esto recorta la energía necesaria frente a rutas clásicas de reciclaje, especialmente en químicas LFP con bajo valor de recuperación de metales.
- Aprovecha fósforo existente en la batería y añade potasio de forma dirigida.
- Permite integrar nitrógeno para completar la formulación NPK.
- Reduce pasos térmicos y químicos respecto a procesos convencionales.
- Orienta el reciclaje hacia un producto de utilidad directa en el campo.
Quién impulsa la investigación y en qué fase está
El trabajo está liderado por el profesor Deyang Qu en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee (UWM), con la participación de la investigadora Soad Shajid. La iniciativa cuenta con apoyo del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) y financiación interna de innovación de la UWM.
Tras validar el concepto en laboratorio, el siguiente paso es escalar y realizar un ensayo en campo con cultivos de tomate en aproximadamente una hectárea, considerando sistemas de riego por goteo. Si el rendimiento agronómico iguala o supera al de fertilizantes convencionales, se abriría la puerta a colaboraciones con actores del sector.
La ubicación en Wisconsin aporta una combinación de infraestructura industrial y tejido agrícola que facilita el salto a planta piloto. Al mismo tiempo, el proyecto se perfila como un generador de empleo verde y de capacidades en reciclaje avanzado y química aplicada.
Qué implicaría para España y Europa
La Unión Europea afronta un doble reto: gestionar el futuro volumen de baterías de iones de litio al final de su vida útil y reducir su exposición a mercados volátiles de nutrientes agrícolas. Un proceso que convierta LFP en fertilizante podría encajar en las políticas de economía circular y valorización de residuos.
Para España, con un sector agroalimentario estratégico, iniciativas de este tipo podrían ayudar a diversificar el suministro de nutrientes y acortar la cadena logística. Además, la red de clústeres de automoción, puertos y plataformas logísticas facilitaría capturar baterías LFP y procesarlas cerca de los polos agrícolas.
La adopción requeriría analizar compatibilidades regulatorias y medioambientales en la UE, así como su encaje con la normativa de productos fertilizantes y los objetivos de gestión de residuos de baterías. En cualquier caso, la opción de producir fertilizantes localmente a partir de flujos de desecho resulta especialmente atractiva en periodos de tensión geopolítica.
Retos, costes y regulación
El potencial de esta vía convive con desafíos. Habrá que demostrar costes competitivos frente a alternativas, garantizar la calidad agronómica del producto y asegurar un control estricto de impurezas. La consistencia del material alimentado (distintos diseños de baterías LFP) también es un factor clave.
Desde el punto de vista normativo, cualquier fertilizante derivado de baterías deberá cumplir con estándares de seguridad y trazabilidad. A escala industrial, la logística de recogida, desmontaje y pretratamiento de baterías exige coordinación entre gestores de residuos, fabricantes y operadores agroindustriales.
En paralelo, será decisivo comparar el balance ambiental completo: energía consumida, emisiones evitadas respecto a reciclajes térmicos, y beneficios por sustituir fertilizantes importados. Estas métricas permitirán evaluar su contribución real a los objetivos climáticos y de circularidad.
Si las pruebas a gran escala ratifican los resultados iniciales, esta tecnología podría unir dos mundos tradicionalmente separados, el de la movilidad eléctrica y el del campo, transformando un residuo difícil de valorizar en un insumo útil y cercano. La combinación de viabilidad técnica, regulación alineada y cadenas logísticas eficientes marcará su recorrido en España y el resto de Europa.
