El sector agrario europeo ha recibido por fin una noticia de las que dan un respiro real a las cuentas bancarias de los productores. Con la que está cayendo en los mercados internacionales, el Parlamento Europeo ha decidido meter una marcha más para tramitar de urgencia una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que busca, por encima de todo, que los agricultores tengan dinero en el bolsillo antes de que empiece la próxima temporada de siembra.
La situación no es para menos, ya que el precio de los fertilizantes se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza, representando ya casi el 16% de los costes totales de una explotación media. Entre el lío en el Estrecho de Ormuz y las consecuencias que todavía colean de la guerra en Ucrania, el gas natural —pieza clave para fabricar estos abonos— se ha puesto por las nubes, arrastrando con él el precio de los nutrientes que necesita la tierra para ser productiva, un fenómeno analizado en la subida de precios de fertilizantes al campo español y europeo.
Más liquidez y pagos adelantados para los profesionales del campo
La medida estrella que ha salido del pleno de la Eurocámara, con un respaldo mayoritario de 576 votos a favor, permite que los Estados miembros sean mucho más generosos con los anticipos. Hasta ahora, lo normal era que los agricultores recibieran un adelanto del 70%, pero con este cambio normativo se podrá llegar hasta el 75% de los pagos directos. Además, lo mejor de todo es que no habrá que esperar al calendario habitual del 16 de octubre, sino que los gobiernos podrán soltar el dinero de forma inmediata en cuanto se presente la solicitud.
Pero la cosa no se queda solo en adelantar lo que ya es de los agricultores. Se han diseñado ayudas por la crisis de los fertilizantes específicas que cubren el sobrecoste de comprar los fertilizantes. En términos generales, estas subvenciones podrán sufragar hasta la mitad de ese gasto extra, pero si el agricultor está metido en ecoesquemas o compromisos agroambientales para reducir la química en el campo, la ayuda puede escalar hasta el 80% del coste adicional, premiando así a quienes buscan una producción más limpia.
En el caso concreto de nuestro país, el Gobierno ya se ha puesto las pilas publicando listados de beneficiarios que superan los 424.000 profesionales. España gestionará una partida que ronda los 600 millones de euros en ayudas directas para compensar ese golpe en los precios de los abonos. El reparto se ha diseñado con cabeza: no recibe lo mismo una hectárea de secano que una de regadío, estableciéndose cuantías que van desde los 38 euros hasta los 92,5 euros por hectárea respectivamente para intentar ser lo más justos posible.
Un plan estratégico para dejar de depender tanto del exterior
La Unión Europea es consciente de que tiene un talón de Aquiles importante: dependemos de fuera para el 30% de los fertilizantes nitrogenados y hasta el 70% de los fosfatados. Por eso, el plan no solo va de dar dinero ahora para apagar el fuego, sino de cambiar la forma en la que alimentamos nuestros cultivos a largo plazo, buscando la autonomía estratégica de la industria de fertilizantes en Europa. Se está impulsando con fuerza la agricultura de precisión, que básicamente es usar la tecnología para echar la cantidad justa de abono en el sitio exacto, ni un gramo más ni un gramo menos.
Otro de los pilares que se están moviendo mucho es el de la fertilización orgánica. Se trata de volver a lo de antes pero con la ciencia de ahora, aprovechando subproductos ganaderos y transformando residuos en abonos de calidad mediante biogás o digestatos. Con esto se busca que, si mañana vuelve a haber lío en Oriente Próximo o se cierra una ruta comercial importante, nuestros agricultores no se queden de brazos cruzados por no poder pagar el nitrógeno importado.
Para asegurar que estas ayudas llegan a buen puerto y no se pierden por el camino, se ha establecido que el pago final a los beneficiarios debe estar finiquitado, como muy tarde, en junio de 2027. Las comunidades autónomas también tienen su parte de responsabilidad en este reparto, ya que pueden suplementar estos fondos europeos con sus propios presupuestos regionales para que ningún sector, desde la apicultura hasta los cultivos extensivos, se quede fuera de este paraguas de protección ante la crisis de insumos.
Todo este despliegue de recursos y cambios legales persigue un objetivo muy claro: que no baje la producción de alimentos ni se disparen todavía más los precios en el supermercado. Al final, apoyar al agricultor para que pueda comprar sus abonos es garantizar la seguridad alimentaria de todos nosotros, permitiendo que las explotaciones sigan siendo rentables a pesar de que el contexto geopolítico internacional siga empeñado en ponérselo difícil a la gente que trabaja la tierra.
