La polémica por la poda irregular de nueve árboles en la urbanización Las Garzas, en el norte de Guayaquil, ya tiene un capítulo administrativo cerrado. Tras varios meses de trámite, el Municipio ha concretado una sanción económica y ha fijado medidas de reparación ambiental que buscan compensar el daño causado al arbolado urbano.
El caso, que generó malestar entre residentes y defensores del medioambiente, se remonta al pasado mes de agosto de 2025, cuando se detectó una intervención antitécnica sobre nueve ficus ubicados en esta ciudadela. La investigación municipal ha confirmado que la actuación se realizó sin autorización y al margen de lo que marca la normativa local sobre arbolado.
Cómo se destapó el caso Las Garzas y qué se encontró en la inspección
Según la información difundida por el Municipio de Guayaquil, todo comenzó con una serie de denuncias ciudadanas que alertaban de una poda muy agresiva en los árboles de la urbanización Las Garzas. Esas quejas motivaron una visita técnica de especialistas de Parques EP y de la Dirección General de Ambiente, encargados de revisar el estado de las especies intervenidas.
Durante ese recorrido, el personal comprobó que nueve ejemplares de Ficus benjamina habían sido sometidos a una poda considerada drástica e ilegal, llevada a cabo sin la preceptiva autorización municipal. Los informes señalaron que los árboles presentaban daños estructurales importantes y que se había provocado un impacto directo en la fauna asociada al arbolado, que utiliza estas copas como refugio y zona de alimentación.
Las autoridades municipales describieron la actuación como una poda antitécnica, es decir, ejecutada sin respetar criterios profesionales de manejo del arbolado urbano, no siguiendo prácticas como la poda de limpieza. Este tipo de intervenciones suele debilitar a los ejemplares, reducir su esperanza de vida y alterar el equilibrio ecológico del entorno, algo especialmente delicado en áreas urbanas densamente pobladas.
Los técnicos también destacaron que la afectación no solo se limita a la parte visible de los árboles; una intervención tan severa puede provocar estrés fisiológico, problemas de estabilidad y mayor vulnerabilidad a plagas y enfermedades. Por ello, el caso de Las Garzas fue catalogado desde el inicio como una infracción grave contra la ordenanza de arbolado urbano.
Quién es el responsable y qué sanción económica se ha impuesto
Una vez recopilados los informes técnicos, la investigación recayó en la Comisaría Décima Municipal Ambiental del Guayas, encargada de determinar responsabilidades y proponer medidas sancionadoras. Tras el análisis del expediente, la Comisaría concluyó que la orden de intervenir los nueve ficus partió del administrador de la urbanización Las Garzas, que actuó sin respaldo legal.
La resolución administrativa establece que la intervención se hizo al margen de los procedimientos establecidos por el Municipio, sin solicitud ni permiso de poda, pese a tratarse de arbolado urbano protegido por ordenanza. Esa falta de autorización, unida al carácter antitécnico de la actuación, fue clave para fijar la responsabilidad del gestor de la ciudadela.
Como resultado, se impuso una multa equivalente a 14 Salarios Básicos Unificados (SBU), lo que supone en torno a 6.580 dólares estadounidenses, según detallan los documentos municipales difundidos. La sanción económica busca no solo castigar la infracción cometida, sino también enviar un mensaje claro a administradores, urbanizaciones y comunidades sobre las consecuencias de vulnerar la normativa ambiental.
Desde la Alcaldía se ha recordado que el cumplimiento de la ordenanza no es opcional y que, ante cualquier intervención sobre arbolado público o protegido, es obligatorio tramitar permisos y coordinar las labores con los servicios técnicos municipales. De lo contrario, advierten, se exponen a multas importantes y a exigentes medidas de reparación ambiental.
Reposición de 90 nuevos árboles como compensación ambiental
Más allá de la sanción económica, la resolución de la Comisaría Ambiental incluye una medida que impactará directamente en el paisaje de la zona: una compensación ambiental basada en la reposición de arbolado. En aplicación del artículo 23 de la Ordenanza de Arbolado Urbano, se ordena la siembra de diez árboles adultos por cada ejemplar afectado por la poda irregular.
En la práctica, esto supone que, por los nueve ficus dañados, el responsable deberá garantizar la plantación de 90 nuevos árboles en el sector. El objetivo es restaurar, en la medida de lo posible, las funciones ecológicas que cumplían los ejemplares intervenidos y reforzar el patrimonio verde de la ciudadela y su entorno.
La compensación no se limita a “poner árboles por ponerlos”. Desde el ámbito municipal se insiste en que estas plantaciones deben realizarse con ejemplares adultos y especies adecuadas al entorno urbano, respetando criterios técnicos de ubicación, distancia entre árboles y compatibilidad con infraestructuras y servicios. El seguimiento de estas nuevas plantaciones será clave para que la medida no se quede en un mero trámite sobre el papel.
La Alcaldía ha aprovechado el caso para reiterar que este tipo de compensaciones ambientales no sustituye la obligación de gestionar de forma responsable las zonas verdes, sino que se concibe como una forma de reparación cuando el daño ya se ha producido. En cualquier caso, recuerdan que, si no se hubiesen respetado los procedimientos, nada de esto habría sido necesario.
Recordatorio municipal: la poda debe ser técnica, responsable y autorizada
Tras cerrar el expediente sancionador, el Municipio de Guayaquil ha lanzado un mensaje claro a ciudadanos, vecinos y administradores de urbanizaciones: toda intervención sobre el arbolado urbano debe ser técnica, responsable y estar amparada por la ley. No basta con contratar una cuadrilla y subirse a las ramas; es imprescindible seguir los protocolos municipales.
Las autoridades insisten en que la poda, la tala o cualquier tipo de manejo del arbolado en calles, parques o zonas comunes requiere autorización expresa del Ayuntamiento. Esa autorización suele ir acompañada de indicaciones sobre el tipo de corte permitido, el momento más adecuado del año para intervenir y las medidas de seguridad necesarias, tanto para las personas como para los propios árboles.
En el caso de Las Garzas, la ausencia de autorización y la manera en que se ejecutó la intervención han sido factores determinantes para calificar la actuación como irregular. El municipio subraya que, aunque existan motivos legítimos para intervenir -por ejemplo, riesgos de caída de ramas o interferencias con cableado-, siempre debe recurrirse a personal cualificado y a la supervisión de los servicios técnicos municipales.
Con este expediente cerrado, el Ayuntamiento pretende marcar un precedente que sirva de referencia en casos similares. La idea es que cualquier persona que gestione zonas verdes urbanas tenga claro que, si se salta los cauces legales, se expone tanto a sanciones económicas significativas como a obligaciones de reposición que pueden resultar costosas y complejas de cumplir.
Por qué es tan importante proteger el arbolado urbano
Al hilo del caso de la poda irregular de nueve árboles en Las Garzas, el consistorio ha querido recordar el papel fundamental que juegan los árboles en la ciudad. Más allá de su valor estético, el arbolado urbano mejora la calidad del aire al filtrar contaminantes y partículas en suspensión, algo clave en entornos con tráfico intenso y elevada actividad humana.
Los árboles también ayudan a regular la temperatura, generando sombra y reduciendo el efecto de “isla de calor” típico de las grandes urbes. En barrios con suficientes zonas arboladas, se nota una diferencia apreciable en sensación térmica durante los meses más calurosos, lo que repercute en el bienestar de los vecinos y, a menudo, en un menor consumo de aire acondicionado.
Otro aspecto que subraya el Ayuntamiento es la capacidad de la masa arbórea para mitigar el ruido, actuando como barrera natural frente al tráfico y otras fuentes sonoras. Además, el arbolado contribuye a estabilizar los ecosistemas urbanos, favoreciendo la presencia de aves, insectos polinizadores y otras especies que encuentran en las copas y troncos un espacio donde refugiarse y alimentarse.
Por todo ello, las autoridades municipales recalcan que el arbolado urbano cuenta con protección legal específica y que las ordenanzas no son un mero trámite burocrático, sino una herramienta para garantizar que estos beneficios se mantengan a largo plazo. Una poda mal hecha, recuerdan, puede echar por tierra décadas de crecimiento y de servicios ambientales prestados por un solo árbol.
El expediente de Las Garzas deja claro que, cuando se interviene el arbolado sin criterio técnico ni autorización, las consecuencias van mucho más allá del aspecto visual de la calle: se comprometen la seguridad, el equilibrio ecológico y la calidad de vida en el barrio. De ahí que el Municipio haya querido convertir este caso en un ejemplo de lo que no debe hacerse y de cómo se actúa cuando se vulnera la normativa.